El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó este jueves su postura crítica al magistrado postulado por Javier Milei.
También impugnaron la de Manuel García-Mansilla, en sendas presentaciones ante el Ministerio de Justicia.
Con el proceso abierto de impugnación de las candidaturas a los jueces postulados por Javier Milei para incorporarse a la Corte Suprema, este jueves el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) hizo los trámites formales de sus observaciones tanto contra Ariel Lijo como contra Manuel Garcia-Mansilla. Con el polémico juez federal, la entidad fue durísima en su oposición: “Si su único mérito para integrar la Corte es su trayectoria judicial, su candidatura es inaceptable, ya que es estadísticamente el juez más ineficaz de todo Comodoro Py“.
El INECIP basó esa definición en los datos oficiales disponibles del Poder Judicial de la Nación que comparó y tabuló para respaldar las críticas con números contundentes. Lijo .y su juzgado, el 4 de los tribunales de la Ciudad- ocupa el último puesto entre los 12 de Comodoro Py en dos tablas. En una, se midió la cantidad de “casos sin respuesta” y Lijo quedó como el peor, con un 44,1% de causas que no llegaron a sentencia, entre 2010 y 2012, últimos informes públicos.
También, el de Lijo fue el peor juzgado federal porteño en eficiencia ante casos de corrupción, sobre datos de entre 1996 y 2016. En ese cuadro que también aporta el INECIP en su impugnación, el juzgado 4 del polémico juez, quedó en el final de la lista con un 22,22% de causas abiertas por más de seis años, con consecuentes riesgos de terminar en prescripciones.
Las conclusiones sobre Lijo son particularmente críticas. “Se trata de un caso de especial gravedad institucional, ya que por primera vez en la historia democrática reciente, un candidato acusado de mal desempeño como juez podría pasar a ocupar ese cargo en el Máximo Tribunal”, advirtió la INECIP para pedirle a Milei que desista de su candidatura.
Al candidato, también lo cuestionan por tener “denuncias penales y por mal desempeño en su contra que son impropias de un candidato a la Corte Suprema, quien debería estar libre de cualquier sospecha”. En ese punto, ponen el foco en “denuncias en su haber por delitos económicos“.
También califican como insuficientes sus antecedentes profesionales y académicos. Y que Lijo “se ha expresado públicamente en contra del modelo constitucional de juzgamiento penal”.
La última crítica es común al otro candidato. El INECIP sostiene que si Lijo y García-Mansilla se sumaran a la Corte Suprema, el máximo tribunal “carecería de la diversidad y pluralidad necesarias en una sociedad democrática”, en una crítica sobre la falta de mujeres entre las postulaciones oficiales.
La impugnación fue presentada este jueves ante la Dirección Nacional de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. El proceso para la recepción de observaciones formales a las candidaturas de Milei para la Corte Suprema se extiende hasta el 9 de mayo. Luego de ese período, habrá 15 días para su análisis y la decisión presidencial de enviar -o no- los pliegos de los postulados al Senado para su votación.
La impugnación a Manuel García-Mansilla
Además de que con su postulación y la de Lijo, la Corte Suprema no contaría con mujeres en su composición, a García-Mansilla le caben otros cuestionamientos desde el INECIP, un instituto dedicado al contralor de la transparencia judicial. En su caso, son cuestionamientos más ideológicos, que chocan con normativas vigentes, como el aborto legal.
“Sus posiciones sobre la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre los derechos sexuales y reproductivos podrían afectar la responsabilidad internacional del Estado”, sostiene la impugnación sobre el académico, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Pero marcan su reparo: “Sin embargo, la idoneidad es un requisito necesario, pero no suficiente, para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Negar esto sería negar el carácter político de la decisión y del cargo en cuestión. Un juez de la Corte Suprema toma decisiones que impactan directamente sobre los derechos y libertades de toda la ciudadanía”.
DS
