El tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, confirmó el procesamiento dispuesto por el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, por intermediación financiera no autorizada agravada para José Luis Sierra y Jesica Veliz, como asi también toma relevancia sobre el lavado de activos.

Desde el 26 de julio de 2020, Miguel Ángel Contreras, procesó con preventiva a José Sierra, y sin preventiva a Veliz, como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada agravada por la utilización de publicidad, y les trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos, cada uno. Finalmente declaró la incompetencia material del fuero federal para investigar los delitos de estafa y asociación ilícita.

Esa decisión fue recurrida por las defensas y por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En esta instancia, según el portal Fiscales, “la Cámara Federal de la vecina provincia -integrada por Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal, Ricardo Sanjuan y Patricia Marcela Moltini- hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las defensas y el Ministerio Público Fiscal, confirmó los procesamientos oportunamente dispuestos y declaró la competencia material del fuero federal para investigar la comisión de los delitos de asociación ilícita y estafa. Asimismo, dispuso que una vez devueltas las actuaciones al juzgado de origen el magistrado se expida en relación al delito de lavado de activos.

“Stratton SRL’ no contaba en ese momento con la autorización del Banco Central de la República Argentina ni de la Comisión Nacional de Valores para operar de tal manera, no fue impedimento para que captara del mercado captando grandes sumas de dinero, prometiendo utilidades muy superiores a las ofrecidas por instituciones financieras legalmente constituidas, lo que confirma los procesamientos de los coautores del delito de intermediación financiera no autorizada.

No podía descartarse “la figura del ‘autolavado’, por parte de los imputados, quienes podrían haber cometido el delito de estafa reiteradas y posteriormente pretender lavar esos dineros.

Por otra parte, ordenó a la fiscalía y al juzgado que impulse las medidas necesarias para profundizar la investigación respecto a este delito.

Finalmente, rechazaron el pedido de apartamiento del juez de grado al considerar de que de que el magistrado no hubiera tratado la figura de lavado de activos no evidenciaba su “pérdida de imparcialidad”, por lo que rechazaron el planteo de la fiscalía.