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Se abrió una línea de investigación patrimonial que incluye al ex presidente y a varios brokers.
El fiscal federal Carlos Rívolo tiene a cargo una investigación patrimonial sobre Alberto Fernández, su amigo y broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y ex secretaria del ex Presidente, María Cantero, y unas 28 personas más tanto físicas como jurídicas. Y solicitó la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para determinar si existieron maniobras de blanqueo de fondos y lavado de activos por parte del ex presidente y su entorno.
La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros SA firmó con la ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.
Junto con el expediente principal que instruye el juez federal Julián Ercolini, se inició otra investigación de carácter patrimonial y que se encuentra delegada en la fiscalía a cargo de Rívolo. La misma se abrió cuando se ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente, Héctor Martínez Sosa, María Cantero y un extenso listado de brokers.
Hay dos puntos centrales en el caso: si las comisiones abonadas por parte del Estado responden a los valores de mercado y, por otro lado, si las contrataciones se realizaron a través de procesos irregulares, como el direccionamiento de las licitaciones.
En la causa patrimonial también se incluyen dos cooperativas: 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo y Cooperativa Irigoin. Como contó Clarín, las mismas están bajo investigación bajo la sospecha de que podrían haber sido utilizadas “para canalizar fondos obtenidos como resultado de la maniobra investigada”, es decir de las comisiones que pagó el Estado.
Todo es parte de la causa que tiene a cargo el fiscal Rívolo. Para profundizar el entrecruzamiento de información bancaria, tras el levantamiento del secreto fiscal como bancario, se pidió la intervención de la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco.
“En este sentido, se requiere su intervención a fin de que preste colaboración para realizar una exhaustiva investigación patrimonial en el marco de la presente incidencia a fin de determinar posibles maniobras de lavado de activos”, indicó en un dictamen el fiscal Rívolo.
El listado de personas investigadas en este incidente, está encabezado por Fernández, que por orden del juez Ercolini tiene todos sus bienes -valuados en $17.902.847,99- inhibidos. Sin embargo, la medida cautelar no alcanza su pensión de privilegio como ex presidente, de $ 7 millones.
La tarea de la PROCELAC será ahora realizar un análisis de los movimientos financieros del ex presidente desde 2009 a la fecha. El mismo período se fijó para su amigo y broker Martínez Sosa. Para los demás intermediarios como compañías, la ventana de tiempo en la que se analizará la actividad económica es más acotada, desde 2019 a la fecha, es decir toda la presidencia de Alberto Fernández.
Hay que recordar que la firma de Martínez Sosa se encuentra segunda en el ranking de las cinco compañías intermediarias más beneficiadas con el cobro de comisiones. El primer puesto es ocupado por Bachellier SA, sin embargo el juez Ercolini ya trazó una serie de vínculos entre el broker amigo de Fernández y dicha compañía. Las cinco compañías cobraron un total $ 2.782.170.946 sobre los $ 3.453.302.777 erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.
Uno de los aspectos en los que el fiscal Rívolo busca ahondar es en los vínculos comerciales que unen, además de la amistad manifiesta, a Fernández y Martínez Sosa. Se pidieron todas las declaraciones juradas desde el 2009 a la fecha tienen un puntapié inicial: una deuda que el ex presidente declara aún vigente, con el broker por 102.240 pesos. Esa documentación también será objeto del análisis que ya comenzó a realizar Diego Velasco, titular de la PROCELAC.
Al momento de referirse a la relación que está bajo sospecha, ya que podría haber sido la que facilitó la participación de Héctor Martínez Sosa en las contrataciones con Nación Seguros SA, el juez Julián Ercolini señaló que la compañía de Seguros del broker, además de su intermediación como productora, “participó como organizadora y/o máster en pólizas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Crisafulli, las firmas Bachellier SA, Levelar SA y Fernando Carlos Salim.
Entre otros datos consignados por el magistrado, se recordó que Martínez Sosa es esposo de María Cantero, ex secretaria de Fernández durante su presidencia, “existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA”.
“Teniendo en cuenta que los nuevos elementos de prueba incorporados a la causa permiten sospechar sobre la comisión del mismo comportamiento delictivo inicialmente denunciado, pero durante un periodo mayor de tiempo, esta representación del Ministerio Público Fiscal considera que corresponde ampliar el objeto de investigación oportunamente delimitado, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023”, requirió la fiscalía hace unas semanas.
