Los usuarios de gas, electricidad y agua que cuentan con subvención del Estado en el precio de las boletas están marginados del mercado cambiario oficial o al MEP por decisión del Banco Central. Muchos prefieren no contar con ese beneficio y pidieron ser quitados del registro
Desde que la Secretaría de Energía abrió el registro de inscripción para mantener los subsidios a los servicios públicos, casi 450 mil personas decidieron darse de baja del sistema luego de haber solicitado sostener la asistencia del Estado en el precio de las boletas de gas y luz. La persistencia en ese registro fue desde septiembre uno de los causales para tener prohibida la compra de dólares en el mercado oficial o en el paralelo a través del dólar Bolsa.
De acuerdo a datos oficiales a los que accedió Infobae, como balance del 2022 los funcionarios del área energética recopilaron los datos finales que arrojó el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el esquema que se puso en marcha tras el anuncio, en agosto pasado, del nuevo sistema de subvenciones a las tarifas con tope de consumo.
El RASE ordenó a los usuarios en tres categorías: el nivel 1, que son aquellos hogares con mayores ingresos o de titulares que no solicitaron ingresar en el registro de subsidios, el nivel 2 que contempla a todos aquellos que reciben tarifa social, y el nivel 3, de ingreso medio y que incluye a familias con un ingreso mensual de entre 1 y 3,5 canasta básicas (hoy entre $145.948 y $510.818). La ubicación que le toque a cada usuario en los tres segmentos determinarán, respectivamente, si paga tarifa completa, con un aumento que equivale al 40% de la variación general de los salarios, o que respresente el 80% de ese índice.
En el análisis de esas planillas, la secretaría que encabeza Flavia Royón observó que para el caso del gas, del total de suministros, 3.427.506 usuarios (36% del total) quedaron categorizados en el nivel 1 por lo que dejarán de tener cualquier tipo de subsidios. En el nivel 2, que incluye los de ingresos bajos, contempla a 3.462.425 hogares y el nivel 3, de ingreso medio, fueron 2.317.476. Hay poco más de 1 millón de usuarios con tarifa social.
Del total de suministros de gast, 3.427.506 usuarios (36% del total) quedaron categorizados en el nivel 1 por lo que dejarán de tener cualquier tipo de subsidios (Adrián Escandar)Por su parte, para la energía eléctrica, los hogares con tarifa social son marcadamente más, unos 4.160.179, junto con 14.406 electrodependientes. En el nivel 1 sin ninguna subvención quedaron 5.274.655, lo que representa un 33 por ciento. En la categoría de ingreso bajo se listan 7.624.831 hogares y en el segmento medio, 2.840.664.
Las planillas que circulan en los despachos oficiales también dan cuenta de la cantidad de bajas que hubo del RASE desde que se habilitó la inscripción, en julio. En total, desde ese momento hasta fines de diciembre, pidieron darse de baja 444 mil usuarios. Hubo un pico muy claro de solicitudes en agosto, cuando trascendió que el Banco Central prohibiría a los usuarios que mantengan los subsidios acceder al dólar a tipo de cambio oficial o al dólar Bolsa, una medida que terminó de cristalizar en septiembre.
En agosto la Secretaría de Energía registró 246.844 pedidos. En julio el número había sido muy bajo, con apenas poco más de 2 mil. Desde ese techo de agosto, en los meses subsiguientes se mantuvo en 73.599 reclamos para renunciar a los subsidios en septiembre, otros 64.211 en octubre y desaceleró hasta 26.812 en noviembre y 12.473 en diciembre. Desde la secretaría destacaron que el registro RASE sigue abierto para quienes quieran aún renunciar a los subsidios o quienes recordaron hacer el trámite luego de empezar a recibir boletas con el precio pleno.
A mediados de septiembre el BCRA oficializó la prohibición del acceso a la compra de dólares vía homebanking o dólar Bolsa a través de la compraventa de bonos para quienes no renuncien a los subsidios. La entidad monetaria explicó que se trató de una medida similar a la que había tomado para otros casos de personas con asistencia del Estado, como a quienes pagó parte del sueldo a través del programa ATP o quienes cobraron el IFE durante la pandemia.
En términos macroeconómicos, la implementación de la segmentación completa de subsidios forma parte de las medidas que el Gobierno y el Fondo Monetario consideran central para cumplir este año la nueva meta de recorte del déficit fiscal, que deberá pasar desde 2,5% del Producto Bruto Interno hasta 1,9 por ciento. Para el FMI, buena parte de ese efecto deberá esperarse por el ajuste en subvenciones a las tarifas.
Flavia Royon, secretaria de Energía de la Nación (Foto: Gustavo Gavotti)“Se han dado los primeros pasos para implementar el esquema de segmentación de subsidios de energía, que impulsará la reducción del gasto en subsidios en 2023. Los usuarios residenciales de altos ingresos (que representan alrededor del 25 por ciento de todos los usuarios residenciales) y los usuarios comerciales ya han experimentado una reducción acumulada del 60 por ciento en sus subsidios de luz y gas durante octubre y noviembre”, recopiló el organismo en su último informe de staff.
“Para los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos subsidiados, las tarifas de energía se incrementarán, a partir de febrero de 2023, en un 80 por ciento y un 40 por ciento del crecimiento del salario nominal (proyectado en alrededor del 100 por ciento), respectivamente”, mencionó.
“En conjunto, se prevé que estos esfuerzos reduzcan los subsidios a la energía en alrededor del 0,5% del PBI y, según las estimaciones del personal, aumenten los niveles de recuperación de costos de alrededor del 30% en septiembre de 2022 a alrededor del 60% para fines de 2023″, continuó el staff técnico del organismo.
De acuerdo a los cálculos del equipo del Fondo Monetario, el horizonte de reducción del déficit de 1,9% del PBI está “respaldada” por la reducción de subsidios, al que le atribuye un efecto fiscal de ahorro de 0,6% del Producto “principalmente del sector energético sino también en los sectores del agua y el transporte”, mencionó y, en segundo lugar, lo que llamó una “racionalización” de la asistencia social, por otro 0,8% del PBI, más bien relacionado a una base comparativa menor, ya que en 2023, prevé el Fondo, no habrá pagos de bonos de emergencia como sí hubo en 2022.
