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El plan nacional se gestó hace 5 años, se aprobó en marzo y algunas provincias y efectores de salud lo implementaron.
En lo que quizás sea el comienzo del final de un ciclo de Salud con sus sobresaltos, el Gobierno busca dejar en marcha una pata clave para la transformación del área hacia la digitalización: la implementación de la historia clínica electrónica (HCE), ley sancionada en marzo y reglamentada en julio, que retoma metas definidas en 2018. En estas líneas, en qué consiste y cómo repercutirá en los pacientes.
Como la telemedicina y las recetas electrónicas, la historia clínica electrónica se suma a los pilares de la llamada salud digital, hacia donde todos los países van, en busca de lograr gestiones más eficientes, inteligentes, expeditivas y austeras, pero con mejores niveles de acceso, pensando en los pacientes de distintas geografías y estratos socioeconómicos.
Tener más datos de los pacientes permite, entre otros beneficios, cruzar variables y sacar conclusiones epidemiológicas muy útiles para desarrollar políticas preventiivas (hacia donde va la Salud hoy), pero todo tiene su contracara, ya que está el riesgo de que se haga un mal uso de esa información. El tema no es menor en Argentina, donde cada tanto se sabe de vulneraciones informáticas al Gobierno, al propio Ministerio de Salud o, como pasó hace poco, al PAMI.
Estas cuestiones importan porque hablar de historia clínica electrónica no solo implica que los médicos de instituciones públicas y privadas dejen atrás la práctica arcaica de la fichita con manuscritura incomprensible. Es, principalmente, echar a andar un sistema que se conoce en muchos países como hub o bus de interoperabilidad.
Un lugar (virtual) donde todos los subsistemas que acopian historias clínicas digitalizadas de los centros de salud de todas las provincias puedan “interactuar”. En realidad, interoperar. El requisito, claro, es que existe un código o lengua común; cumplir una serie de estándares que compatibilicen los distintos sistemas.
Mientras muchos prestadores privados y también algunas provincias ya tienen sus propios sistemas de HCE, la cartera de Salud que conduce Carla Vizzoti lanzó, ahora, la llamada Historia de Salud Integrada (HSI), un sistema o plataforma de historia clínica digital (de código abierto), disponible para el sector público o para toda aquella obra social o centro de salud que precise utilizarlo.
La intención, como se dijo, es que los sistemas en uso se “adapten” al lenguaje común que les permitirá interoperar, y que los que no tienen historia digital, la implementen.
Los beneficios de la Historia Clínica Electrónica
Supongamos que Ana se atiende en un hospital o clínica de La Matanza, pero cuando se va de vacaciones a Calamuchita, Córdoba, por algún evento, precisa atención médica de guardia. El médico de turno querrá saber qué medicación toma, si padece alguna patología, si ya tuvo cuadros así… A través de su propio sistema informático “llamará” los datos de salud de Ana, y luego dejará asentada, también ahí, la consulta realizada. Así, todos pueden consultar el historial de salud de Ana y todos pueden, además, “engrosarlo”.
El paciente, a su vez, dejará de cargar esas bolsitas de mango cortante, con sus papelitos llenos de estudios de laboratorio, radiografías, tomografías, informes de esto y aquello, de acá para allá.
Ahora bien, como los datos de salud son considerados confidenciales, surgen algunas dudas respecto de cómo se instrumentará todo esto.
Compartir datos de salud: riesgos y beneficios
El tema de los datos personales es importante, en un país donde existen bases oficiales con información ciudadana privada, compartidas de manera pública.
Y, en general, nadie anda por ahí compartiendo que por ejemplo debe tomar medicación psiquiátrica por un trastorno obsesivo-compulsivo, se ha sometido a una vasectomía o apelado al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo.
La ley es clara: los datos de salud son del paciente y la guarda de esa información está a cargo del prestador de salud. Pero, ¿el hub “interoperabilidad” permitirá que todas las instituciones y médicos tengan acceso a los datos de salud de todos? ¿Qué parte podrá decidir el paciente?
La Historia Clínica Electrónica en otros países
Clarín habló por escrito con el Ministerio de Salud, desde donde Fabián Puratich, subsecretario de Integración de los Sistemas, respondió algunas preguntas por escrito (se comentarán debajo). Luego de enviar un listado de repreguntas donde se solicitaban más precisiones, al principio fue imposible concertar otro espacio de diálogo (por problemas de agenda), pero luego se cortó toda comunicación con el funcionario.
Apenas se reglamentó la ley, Clarín habló con Rubén Torres, ex superintendente de Servicios de Salud; con Hugo Magonza, director general del Cemic; y con dos fuentes que pidieron reservar su nombre: el director médico de un importante sanatorio porteño y una persona considerada “impulsora fundamental” de la salud digital en la Argentina.
La evaluación fue unánime: implementar la Historia Clínica Electrónica es clave y, respecto de la ley local, hubo coincidencia en que faltan precisiones, pero es un primer paso necesario.
Sin embargo, Clarín quería saber algo bien específico y no fue posible averiguarlo: entender si la concreción del plan será, por ejemplo, similar a como es en Francia, donde los usuarios habilitan a su gusto el acceso a la historia clínica electrónica personal, autorizando a determinados médicos desde su teléfono o computadora.
O si, en cambio, funcionará como en Uruguay, donde está la posibilidad de que la historia clínica sea compartida con los establecimientos de salud de la localidad propia, y para toda otra gestión por fuera de esa geografía, corren tres niveles de autorización que el paciente ya debería haber dado, dijeron desde el Ministerio de Salud de ese país.
“El primero solo permite que otros médicos registren un evento. El segundo, que entren y vean mi historia, además de registrar un evento. En el tercero, que entren y registren un evento, pero también pueden usar mi información con fines de investigación. Funciona bastante bien”, evaluaron.
No hay una sola forma de implementar la historia clínica electrónica. Una de las fuentes opinaba que lo lógico sería que el personal de salud tuviera permisos acotados, empezando por “poder ver dónde hay guardada información del paciente (en qué subsistema/institución) y en qué fecha fue incluida esa información en la historia, pero no necesariamente poder ver la información en sí, salvo que el paciente lo autorice”.
Los datos digitales y el riego de vida
En cambio, si el paciente entra inconsciente a la guardia y no hay autorización de acceso a su historia clínica, es unánime que los médicos deberían poder ver la ficha médica para -por ejemplo- saber qué medicación toma la persona y no indicar un tratamiento perjudicial.
Desde Uruguay remarcaron que “el médico tiene normativa que lo ampara para entrar a leer la historia clínica, cubrir el evento puntual y salir, o sea, perder el acceso. Esto, siempre que haya peligro de vida”.
En Perú, la ley de historia clínica electrónica fue sancionada hace diez años. Sin embargo, “no es fácil”, explicó el experto en salud digital Walter Curioso (médico especializado en informática biomédica y máster en salud pública por la Universidad de Washington, Estados Unidos), quien aclaró que, “al 2020, la implementación solo había alcanzado el 15% de los establecimientos”. Y, como en los casos anteriores, en Perú cada paciente autoriza de manera expresa qué médicos pueden leer su historia clínica.
Qué dijeron en el Ministerio de Salud
En el decreto 393/2023 que reglamentó la ley 27.706 (“Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina”) faltan precisiones y por eso Clarín trasladó algunas preguntas al Ministerio.
Con respecto a la participación del paciente en la toma de decisiones, se consultó si habrá una suerte de app para autorizar a gusto el personal que tendrá acceso a la HCE. La respuesta no fue muy clara: “El paciente es el dueño de su historia clínica y cuando concurre a la consulta se accede a través de su número de DNI. Por lo tanto si va a la consulta es quien a través de la validación de su identidad permite el acceso”.
Dado que cualquiera puede tener el número de DNI de un tercero y no detallaban si se contará con una clave, si la autorización es inmediata o lleva días, se pidieron más precisiones a Fabián Puratich, responsable del área. Al cierre de esta nota no se habían respondido las consultas.
Considerando que muchos prestadores y, mismo, provincias enteras cuentan con sistemas de historia clínica digitalizada, se preguntó qué porcentaje del sistema de salud está en condiciones de amoldar sus plataformas para interoperar con el famoso “bus”, y cuánto tiempo llevará concretarlo.
La respuesta, textual, fue que “se está llevando adelante el censo de los datos, la ley no dice que debe ser inmediato, sino que se debe llevar adelante la adaptación para que los sistemas sean interoperables”.
En cuanto a la Historia Integrada de Salud (el sistema público de historia digital), especificaron que “siete jurisdicciones la están implementando con más de 500 efectores. Además adhirieron a través de la COSSPRA las obras sociales provinciales, la IOSFA, CADIME y algunas obras sociales provinciales en forma individual”.
Se preguntó por el cuidado de los datos personales. Porque, ¿quién sería responsable ante una vulnerabilidad en el seno del bus de interoperatividad? “Los responsables de los datos son cada uno de los efectores donde se cargan los mismos”, dijeron desde el Ministerio.
El ahorro de digitalizar la salud
El medio vaso lleno existe. Entre los estudios internacionales que subrayan el ahorro de los procesos de digitalización en salud está uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 2022, con el que vale la pena cerrar estas líneas.
Se titula “Estudio sobre la salud digital como oportunidad para Latinoamérica y el Caribe”. Para 2030, dice, el ahorro mundial por implementar la telemedicina podría llegar a 1.700 millones de litros de combustible usado para traslados y más de 66.000 millones de dólares al liberar espacio que podría destinarse a otros fines.
“La telemedicina no es algo nuevo; entre 2005 y 2016, países que invirtieron en asistencia remota pública alcanzaron resultados sorprendentes, con tasas de 70-80% de transferencias evitadas de pacientes a centros de salud especializados o de mayor complejidad y ahorros de 10-15% en el presupuesto municipal de salud y de más de 10 millones de segundas opiniones en electrocardiogramas y exámenes de imágenes”, afirma el trabajo.
El plan que se está poniendo en marcha en Argentina se remonta a por lo menos cinco años atrás, cuando salió publicada la “Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-2024”. Como dice el BID, “un sistema de salud nacional completamente interoperable puede lograr beneficios económicos importantes, con un ahorro neto que parece alcanzarel 5% del gasto total en Salud, sin tomar en cuenta los costos indirectos derivados de proveer mejor atención médica y los costos de acciones judiciales prevenidas”. Parece tiempo de concretar las medidas anunciadas.
