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El barco trasandino Beagle remolcaba un pesquero taiwanés.
Los cortocircuitos diplomáticos con Chile son ya frecuentes, y por estas horas un produjo un confuso incidente a raíz de una multa que la Prefectura Naval Argentina le hizo a un remolcador chileno por operar dentro de aguas de las Islas Malvinas
La infracción tuvo lugar semanas atrás cuando Prefectura Naval interceptó al remolcador chileno “Beagle”. El canciller Alberto Van Klaveren señaló que era un armador privado y que tenían “una diferencia con la Argentina” respectó al alcance del decreto por el que fue alcanzado el remolcador
En cambio, en el Gobierno argentino optaron por el silencio al momento. Sólo existe un reporte sobre el episodio reportado por el equipo del Prefecto General Guillermo Jimenez Pérez. Pero se sabe que entre martes y miércoles hubo febriles conversaciones del gobierno trasandino con la Secretaria de Malvinas de la cancillería argentina, Paola Di Chiaro.
La embarcación pertenece a la naviera Ultratug -también chilena fue interceptada a 245 millas náuticas de la costa chubutense por el buque de la Prefectura Naval “Prefecto Derbes”. El Beagle remolcaba, aparentemente, al pesquero taiwanés “An Fong” en dirección al puerto de Montevideo.
Requerido por los medios, el canciller chileno Alberto van Klaveren calificó el incidente como un problema “entre un armador privado y el Estado argentino, por la aplicación de una legislación”, refiriéndose a la normativa de la Prefectura Naval que ordena a toda embarcación que transite por aguas jurisdiccionales argentinas a requerir una autorización previa interna.
Reconoció van Klaveren que la cancillería chilena había solicitado antecedentes y confirmó conversaciones con el Palacio San Martin, descartando que se hubiese un hostigamiento hacia Chile, como algunos diputados chilenos calificaron este nuevo incidente.
Con ello aludía a las afirmaciones de la ministra Patricia Bullrich, quien alertó la semana pasada por la presencia de Hezbollah en el norte de Chile, ocasionando críticas del Gobierno de Gabriel Boric y una nota de protesta por las afirmaciones de la ministra argentina que este jueves viaja a Chile. Se va a encontrar con su par, Carolina Tohá, a quien le a entregar un informe sobre las actividades terroristas en la región.
Pero por otro lado a los chilenos tampoco les gustaron declaraciones del presidente Javier Milei de que la base integrada que la Armada Argentina busca levantar en Ushuaia contará con ayuda de Estados Unidos y que ella va estar destinada fortalecer la posición antártica nacional cuando en realidad, también Chile tiene reclamos sobre la Antártida, que coinciden con los de Argentina.
En medios diplomáticos concuerdan con las declaraciones del canciller chileno van Klaveren, de que el incidente con el remolcador es un asunto privado entre una empresa chilena y el Estado argentino. Señalan que desde hace años Chile reconoce los derechos argentinos sobre las islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, lo cual incluye la legislación argentina aplicable en esos mares.
Al respecto, cabe señalar que durante la última visita de Alberto Fernández a Chile (abril de 2023), el presidente chileno Boric ratificó este principio en el comunicado conjunto que ambos gobernantes firmaron.
El episodio
Semanas atrás, la Prefectura Naval informó que el guardacostas GC-28 Prefecto Derbes, que se encontraba terminando su campaña de patrullaje de la Zona Económica Exclusiva y su área adyacente, informó a los capitanes la detección de dos buques que navegaban desde las Islas Malvinas sin la correspondiente autorización argentina.
El hecho fue posible, informaron, por el monitoreo permanente que realiza la Institución combinando patrullajes marítimos, aéreos y electrónicos para proteger los intereses marítimos argentinos. Tienen importantes sistemas satelitales y señalaron.
“Con ese contexto, la Fuerza advirtió que dos buques (“Besgle”, de bandera chilena, aparentemente remolcando al pesquero “An Fong No.136″, de bandera de Taiwán) navegaban a velocidad reducida dentro de la Zona Económica Exclusiva del país , al través de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a 245 millas náuticas de la costa¨.
Y advirtió el informe que las embarcaciones presentaban ¨la particularidad de haber zarpado de las Islas Malvinas simultáneamente, con rutas idénticas, lo que sugiere que el remolcador podría estar prestando asistencia al buque pesquero “An Fong No.136” (IMO 9777979).
Entonces, por el decreto 256/10 de Argentina y concordante con la Ordenanza 01-10 de la Prefectura, ¨todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente¨.
Ante esto, personal del guardacostas Prefecto Derbes notificó a los capitanes de los buques infractores, por incumplir la mencionada norma al haber operado en las Islas Malvinas, sin el correspondiente aval argentino.
En Argentina el episodio pasó desapercibido, como uno más en aguas nacionales, pero en Chile generó polémica. El ex embajador, Jorge Tarud, de la Democracia Cristina dijo que esta normativa interna ¨pugna con el derecho a la libre navegación en la Zona Económica Exclusiva, por lo que llamó al Ejecutivo de Boric a pedirle explicaciones al Gobierno de Milei.
El diputado del Partido Ecologista Verde, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Félix González, opinó que lo peor sería “sobre reaccionar” y pidió al canciller Alberto van Klaveren mayor información sobre el tema.
Entonces Van Klaveren dijo: “Es un problema entre un armador privado y el Estado argentino, por la aplicación de una legislación que objeta este armador. Este no es un caso único, han habido algunos casos anteriores en años anteriores”.
Pero al mismo tiempo admitió que en su gobierno estaban “preocupados con el tema” y que establecieron conversaciones con la Argentina para solucionar el conflicto. “No es un problema específico de la Argentina con Chile”, dijo al referirse a si encontraba “hostigamiento” de la legislación argentina hacia su país. Claramente, la Argentina tiene una política de recelo hacia toda embarcación o movimientos relacionados con la disputad de soberanía sobre las islas con el Reino Unido.
“Tenemos una diferencia con la Argentina respecto del alcance de este decreto”, redondeó Van Klaveren.
