Tres décadas de contaminación y una batalla judicial: el barrio obrero de Florencio Varela que vive envenenado

La Rotonda es un barrio obrero de treinta y dos manzanas. Lo habitan más de cuatro mil personas, la mayoría mujeres y niños rodeadas de un anillo de empresas contaminantes. Allí están afincadas la curtiembre Gibout Hermanos y los Laboratorios Químicos Prolac, que se dedica a la clasificación y tratamiento de residuos especiales e Industrial Varela, entre otras. En La Rotonda, ubicado en el kilómetro 32,5 de la Ruta Provincial N° 36 se respiran sustancias tóxicas y cancerígenas -plomo, cromo y arsénico- las 24 horas, todo el año. Los vecinos sufren enfermedades respiratorias y oncológicas directamente vinculadas a las condiciones de contaminación medioambiental provocadas por este conglomerado de firmas. Los niños son víctimas del deterioro cognitivo a causa del plomo acumulado en sus cuerpos y existe un alto índice de agresividad en el nivel secundario en la escuela del barrio. Uno de los principales focos de contagio es el arroyo Las Conchitas a escasos 500 metros del lugar. Los surcos de agua presentan altos niveles de contaminación biológica y química a causa del vuelco de efluentes cloacales e industriales de las empresas.

Desde hace más de tres décadas, Industrial Varela, que se presenta en su página web como “operador/reciclador de baterías de plomo”, contamina el aire: sus chimeneas despiden metales que envenenan sin descanso. Pero la firma también intoxicó los suelos: en los años noventa rellenó las calles del barrio con los desechos y restos de su producción, generando una contaminación superior a la del suelo de un Parque Industrial. Es decir, hay tanto plomo residual en las calles que llegó a las napas de agua diseminando la contaminación por todo el barrio.

“Quemaban las baterías y con las cenizas salían a tapar los baches de las calles del barrio. Ignorábamos lo que hacían, los creíamos buenos vecinos”, señala Lusía Choque, docente jubilada de la Escuela 42. “Yo no entendía por qué los chicos tenían la cabeza cerrada, por qué no comprendían. Luego a partir de investigar entendí que era uno de los síntomas de la contaminación crónica con plomo”, cuenta a Infobae recordando sus años de maestra en La Rotonda.

De izquierda a derecha, las mujeres del barrio La Rotonda que luchan en la Justicia: Pabla, Norma, Teresa, Idelba, Lusia, Marcela, Cristina y Laura

La firma recientemente condenada alega que su existencia es previa a la urbanización del lugar. “Cuando me vine a vivir al barrio la empresa no estaba. En los 80, el lugar fue categorizado como Zona Mixta, ya veníamos pidiendo que trasladen las fábricas. Pero se instalaron acá porque vuelcan todos los desechos al arroyo. Cuando llegamos, mis hijos se bañaban ahí. Hoy no hay vida de la contaminación que tiene”, explica Choque. Y agrega: “Las que más sufren son las chicas más jóvenes. A veces parecía que se les morían los chicos con los problemas respiratorios que tenían”.

“Toda la prueba acumulada en una causa inicial pasó a ésta que confirmó la existencia del daño”, explica José Martocci, director de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP que patrocinó la demanda colectiva. Precisamente, la causa lleva el apellido Camiletti, el de Luis Alberto, marido de Lusía Choque y quien murió de cáncer de riñón antes de que dictara sentencia. “La última gran prueba aglutinante fue el estudio de Constanza Bernasconi incorporado a la causa en marzo de 2020: probó que las hojas de los árboles, tanto caducas como perennes, el suelo y el aire daba una situación de contaminación con plomo grave. Como las mediciones locales son insuficientes ella se remitió sobre todo a mediciones internacionales. En todos los casos el resultado fue alarmante. Y no hay mediciones locales porque precisamente la provincia no quiere desnudar el daño que producen este tipo de actividades”. “Camileti vivió toda su vida a una cuadra, tanto él como su esposa con niveles de plomo en sangre. Cortaba una amplia ligustrina de su casa ahí donde la prueba de Bernasconi detectó plomo. En ese contexto ¿es remoto ligar la enfermedad y su muerte con la contaminación? No”, agrega el letrado.

Una calle separa la casa de Marcela Acosta de las emanaciones tóxicas de Industrial Varela. Es una de las pioneras en denunciar la sistemática contaminación que sufre el barrio. Toda su familia está afectada por el hollín que despiden las tolvas de la firma. Sus tres hijos -con altos niveles de plomo en sangre, uno de ellos llegó a la cifra de 23,5 miligramos por decilitro, más del doble de lo establecido por la OMS- sufrieron asma y enfermedades respiratorias y uno de ellos nació con problemas de riñón. La mamá de Marcela tiene cáncer y tiroides. Cuando a los nueve años le hicieron placas a su hermana, con 14 microgramos de plomo, la doctora no creyó que las imágenes correspondieran a una menor por el nivel de deterioro en sus huesos.

“Barrio La Rotonda, barrio fabril” y la intervención de la comunidad en aerosol rojo

”Mis hijos mayores siempre tuvieron problemas pero jamás se nos ocurrió que podía ser contaminación -indica Acosta-. Cuando nació Lucas (18) fue peor que con los otros dos. Era correr con él a la salita para dejarlo internado y que le dieran oxígeno. Desesperante. No en tiempo y forma, pero a mis hijos no les fue fácil estudiar. Los chicos del barrio están como tildados, idos. A los míos les afectó más la parte respiratoria. Cuando Osvaldo nació con problemas de riñones pensamos que era natural”.

”Lloré y lloro cada vez que me acuerdo -dice Acosta y su voz se quiebra al recordar el derrotero padecido los años en que el barrio fue analizado para que todo siguiera igual-. Por el sufrimiento de los chicos y la falta de respeto de ellos. Fueron años de exponer a nuestros hijos a hacerse análisis de sangre y era todo el tiempo recibir el maltrato. Cuando hacían los estudios, las enfermeras que venían no estaban capacitadas para lidiar con tanta gente y menos con los chicos. Había que prepararlos, cortarles el pelo y las uñas muy cortas, porque así sirven los análisis y hacerlos poner el brazo cada vez. A veces decían que vendrían, nos preparábamos y nada. Otra vez se les coaguló la sangre por el tiempo que perdieron con las muestras y ya no sirvió. Hubo que volver a hacerlo. Y la empresa seguía operando igual. Por más que tenga ganas de irme, tendría que demoler mi casa para que a otra familia no le pase lo que vivimos nosotros. Mi nieta, hijita de mi hijo Osvaldo tiene un problema oncológico, que puede ser fruto de esto, y da miedo decirle que haga los laboratorios. No quisiera hacerla pasar a ella por todo lo que pasaron el padre y el tío”.

Cansada de batallar judicialmente contra la firma contaminante y los poderes de turno, Acosta asegura que “actúan con total impunidad, son los dueños de todo. Solo deseo que nuestros hijos y nietos tengan una mejor calidad de vida que lo que nosotros tuvimos acá”.

Enfrente de la casa de Marcela Acosta está el ingreso a una de las plantas del barrio la Rotonda. Sus tres hijos presentan altos niveles de plomo en sangre

Peligrosa e irreversible

Según la Ley de Radicación Industrial, Ley Nº 11.459, Industrial Varela está catalogada como categoría 3, es decir, una industria peligrosa, ya que “su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”. Las empresas que integran este rango, de acuerdo al “material que manipulen, elaboren o almacenen, a la calidad o cantidad de sus efluentes, al medio ambiente circundante y a las características de su funcionamiento”, deben radicarse en Parques Industriales o en zonas rurales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica al plomo como un “metal pesado contaminante, no biodegradable y persistente en el ambiente” e indica que“los niños pequeños son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, pudiendo afectar al desarrollo del cerebro, lo que a su vez entraña una reducción del cociente intelectual, cambios de comportamiento -por ejemplo, disminución de la capacidad de concentración y aumento de las conductas antisociales- y un menor rendimiento escolar. Se cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles”.

La plombemia, también llamada saturnismo, es el envenenamiento provocado por altos índices de plomo en sangre. Los síntomas incluyen retrasos en el desarrollo, dolor abdominal, irritabilidad y cambios neurológicos. La exposición al plomo también causa anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad en los órganos reproductores.

A raíz de la lucha vecinal, el lugar fue declarado en Emergencia Sanitaria en 1997 y bajo Crisis Ambiental en abril de 2006. Ese mismo año, a instancias del Municipio valerense se conformó un Comité de Crisis, que organizó un operativo de salud y realizó tomas de muestras y análisis en suelo, aire y agua. Uno de los informes de suelos suscriptos por las autoridades locales arrojó un valor de 10.099 mg/kg, superando 10 veces el límite para uso de suelo industrial y 20 veces el límite para uso residencial. A su vez, la concentración de plomo en agua se encontró en el límite máximo indicado por el Código Alimentario Argentino.

El ingreso al barrio de Florencio Varela en el que se respiran sustancias tóxicas y cancerígenas -plomo, cromo y arsénico- las 24 horas, todo el año

En cuanto al operativo de salud, en estudios realizados por laboratorios del Hospital Garrahan y el CENATOXA de la UBA, de una población total estudiada de 55 habitantes (53% entre 9 meses y 13 años), el 39% presentó niveles de plomo por encima del valor de corte. En 2007, un nuevo muestreo de la Asociación de Toxicología Argentina indicó que de 90 niños analizado el 21% presentó plombemias positivas.

“Trabajamos hace varios años con la comunidad: habían rellenado las calles con residuos de plomo y eso pasaría a las napas”, recuerda Leda Gianuzzi, doctora en Química y titular de la cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Tuvimos acceso a los análisis de los niños y en muchos casos, los resultados eran muy altos. Esas cantidades de plomo serían un futuro problema mental y cognitivo. A partir de nuestra intervención, suspendieron el Comité de Crisis. Fue todo complejo; los médicos toxicólogos del Hospital de Niños (La Plata) me decían que los problemas de conducta de los chicos se debían al alcoholismo de los padres. Y ya tenían los resultados de las plombemias”.

“Son quince años de acumulación de pruebas aportadas sobre todo por los vecinos y pruebas del Municipio y los distintos organismos que intervinieron. Quince años de denuncias sistemáticas al OPDS, de que no se puede vivir con el olor que despide la fábrica, hay quince años de intervenciones de agencias o espacios de la Universidad de La Plata, hubo pruebas del propio Municipio, de la Provincia, detectaron plomo en el suelo de Industrial Varela por encima de las marcas aprobadas para suelo industrial; pruebas sanitarias con estudios de vecinos que dieron plombemia, un estudio pericial a cargo del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente (CIMA) que evaluó el desempeño de la empresa durante 3/ 4 meses. Y detectaron plomo en el aire, en el suelo y que cuando la empresa bajaba el nivel de actividad el daño era menor y que cuando subía, se disparaban los valores”, señala Martocci.

Con más de 50 fojas, el fallo dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la Plata señala que “luego de casi 40 años de funcionamiento, Industrial Varela no contaba siquiera con los más elementales instrumentos establecidos en las normas ambientales, ni con certificado de aptitud ambiental, ni seguro ambiental, ni con permiso de vuelco de efluentes gaseosos, ni de gestión de residuos industriales especiales, entre otros”. Y agrega que la “Provincia incumplió su obligación de supervisar y fiscalizar a la empresa de tercera categoría que funde plomo en el mismo ambiente donde habitan miles de personas”. Asimismo, ordena la remediación del daño ambiental, a cargo de la provincia de Buenos Aires por intermedio de los organismos competentes, y en su caso, por entidades públicas o privadas con capacidad para ello.