El Senado comienza hoy a tratar en un plenario de comisiones la reforma de la composición del Consejo de la Magistratura. Será el primer desafío del oficialismo en el terreno parlamentario después que el Congreso refrendó el Programa de Facilidades Extendidas al que el Ejecutivo nacional arribó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) –para refinanciar el stand by de 45 mil millones de dólares que el organismo multilateral concedió a la administración de Mauricio Macri– y que dividió posturas y votaciones en el Frente de Todos.

En este debate también apremian los tiempos, tras el fallo de la Corte Suprema que en diciembre pasado declaró la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo (de 13 miembros), aprobada por ley en 2006, y emplazó a modificarla en cuatro meses o retroceder 15 años a su vieja composición de 20 asientos bajo la presidencia del titular de la propia Corte. La decisión del Máximo Tribunal podría paralizar el organismo encargado de la designación y las sanciones a jueces y pone en riesgo la administración del Poder Judicial. El Gobierno, en tanto, presentó su propio proyecto con 17 miembros, cuyos integrantes definirán la presidencia del Consejo sin injerencia de la Corte. Mientras que los senadores radicales de Juntos por el Cambio presentaron otras tres alternativas propias y todas ellas en sintonía con la voluntad expresada por los cortesanos.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista jujeño Guillermo Snopek, y de Justicia y Asuntos Penales, cuyo titular es Oscar Parrilli, arrancará hoy en el Salón Arturo Illia del Senado. Allí expondrán el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien defenderá el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso en diciembre pasado, que fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias de febrero de este año y que recién hoy comenzará a debatirse. También participarían del debate el viceministro de Justicia, Martín Mena; y el actual presidente del Consejo de la Magistratura y camarista federal de San Martín, Alberto Lugones. Aunque hasta ayer por la noche sus presencias no habían sido oficialmente confirmadas, se descartaba la presencia de ambos en el Senado.

El oficialismo buscará emitir rápidamente el dictamen a favor del proyecto del Ejecutivo para llevarlo al recinto de la Cámara alta, apremiado por los tiempos impuestos por los cortesanos. Especialmente porque el trámite legislativo promete ser más traumático en Diputados, donde el interbloque macrista bloqueó todas las iniciativas del Gobierno para modificar distintos aspectos del Poder Judicial.

El proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, días antes que la Corte emitiera un fallo cuyo sentido había anticipado, difiere de las aspiraciones que los propios cortesanos definieron. No solo por su integración, sino especialmente porque la propuesta del Gobierno no establece que el presidente de la Corte vuelva a tener la presidencia y el control del Consejo de la Magistratura. Por lo que el Consejo continuaría definiendo su presidencia entre sus propios integrantes.

El texto oficial amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo (suma un juez, dos abogados y un académico o científico). El proyecto propone que el Consejo esté integrado por cuatro  jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores (tres senadores y tres diputados, dos de ellos por la mayoría y uno por la minoría de cada Cámara); cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo; y dos de los ámbitos académico y científico. Además establece la paridad de género en todos los estamentos que elegirán sus representantes, en la composición general del Consejo y de todas sus comisiones (Disciplina y Acusación, Selección de Magistrados, Administración Financiera y Reglamentación), de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Otros proyectos

También figuran en el orden del día del plenario otros cinco proyectos que estarían en debate. Tres de ellos –casi calcados– propuestos por senadores de JpC: el radical mendocino Alfredo Cornejo y sus correligionarios de Jujuy, Silvia Giacoppo, y de Corrientes, Eduardo Vischi, que anoche unificaron la propuesta, presentada como de todo el interbloque macrista de JpC. Un texto totalmente alineado con las aspiraciones de la Corte. Entre ellas que la presidencia del Consejo de la Magistratura quede en manos del presidente de la Corte Suprema y una integración total de 20 miembros. Las sillas serían repartidas de la siguiente manera: una para la presidencia de la Corte, cuatro jueces, ocho legisladores, cuatro abogados de la matrícula federal (dos del interior), un representante del Poder Ejecutivo y dos del sector académico.

También estarán en discusión los proyectos presentados por el rionegrino Alberto Weretilneck y la oficialista salteña Nora Giménez. Weretilneck propone 15 integrantes con la presidencia en manos de la Corte Suprema o de quien ella designe; tres jueces de distintas instancias del Poder Judicial; seis legisladores (tres senadores y tres diputados); tres abogados de matrícula federal; un ministro Justicia o el funcionario que designe; y un representante académico.

En tanto Giménez propone “requisitos” para integrar el Consejo, entre otros que los jueces elegidos deben acreditar un mínimo de dos años en el ejercicio de la función y que “la nómina de aspirantes deberá darse a publicidad para permitir las impugnaciones que correspondieran respecto a la idoneidad de los candidatos.”