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A tres meses del crimen, Mariela Flores exige saber qué motivó al otro adolescente.
La Estación Terminal de Ómnibus de la capital de Córdoba está repleta de pasajeros que van o vuelven de otros puntos del país o del interior de la provincia. En una mesa de un bar de la planta baja de la Estación, Mariela Flores y Martín Sperani hacen tiempo para subir al colectivo que los llevará de vuelta a Laboulaye.
Son los papás de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue asesinado el 29 de junio. Dos días después, al verse acorralado por sus propias contradicciones, su mejor amigo, un chico de la misma edad, confesó que lo mató con un “fierro”. El terrible hecho ocurrió en una casa abandonada ubicada a media cuadra de la escuela a la que concurrían ambos, en una ciudad que apenas supera los 10 mil habitantes y donde casi nunca pasa nada.
El viernes pasado, Mariela viajó a Córdoba para asistir a una sesión con el psiquiatra que la guía en el difícil camino del duelo por el horrendo final que tuvo su hijo hace tan solo tres meses. Martín la acompaña y aprovecha para seguir un tratamiento por una lesión en la cintura.
Mariela no se calla nada. Martín procesa todo por dentro, prefiere no hablar o no puede hacerlo y observa todo con lágrimas en los ojos.
Clarín los encontró en la mesa del bar de la terminal cordobesa y charló con Mariela sobre el avance del caso y su insistencia en el tratamiento de una ley, la Ley Joaquín, que abarque situaciones como las que les toca atravesar.
“Siento que la causa está un poco estancada porque están esperando las pericias psiquiátricas, psicológicas y psicosociales del menor y de los padres. Tienen que determinar si los padres están aptos para tenerlo y recibirlo de nuevo”, dice Mariela, que denota estar totalmente empapada de lo que sucede en el terreno judicial en referencia al crimen de Joaquín.
Volver a abrazar
Hace pocos días que Mariela pudo volver a abrazar a sus hijos después de tres meses de evitarlo. No puede explicarlo y se culpa por eso que fue el centro de sus charlas con el psiquiatra que la atiende en la capital de la provincia, una vez por mes.
Joaquín era el mayor de los cinco hijos que tuvo con Martín en la búsqueda de la nena que nunca llegó. El más chiquito tiene tres años y el que pasó a ocupar el lugar del hermano mayor, cumplió 13. “Es al que más le cuesta ocupar ese lugar. Nos ha dicho que no quiere hacerlo”, cuenta la mujer.
El colectivo que los trajo de Laboulaye llegó a las 7. Se trasladaron unas cuadras hasta el Hospital San Roque, donde Mariela se encontró con su psiquiatra y al mediodía volvieron a la terminal. El coche que los lleva de vuelta sale a las 15.30. Laboulaye está a 390 kilómetros de Córdoba y el viaje en colectivo es de unas cinco horas.
“Vine al psiquiatra porque en Laboulaye no hay. Me recomendaron que viniera a Córdoba a encontrarme con alguien que no estuviera en mi ambiente, alguien objetivo para trabajar mi caso”, sostiene.
Las últimas novedades que recibieron los padres de Joaquín fue que el juez del caso, Sebastián Moro, secuestró el celular de una menor que formaba parte del estrecho grupo de amigos del adolescente.
“Tengo muchas dudas que todavía el juez no pudo responder”, dice la mujer que asegura que aún se espera el resultado de pericias.
“El juez me dice que las pericias van a dar explicaciones sobre el porqué del crimen, pero no sé si eso va a pasar”, afirma Mariela Flores que plantea: “Tengo dudas de si hubo un instigador, alguien que se metió en la amistad que ellos tenían sin saber de que el menor podía ser capaz de lo que pasó”.
La mujer señala que hay quienes le han dicho que quizás nunca sabrá las motivaciones que llevaron al amigo de su hijo a matarlo de manera brutal.
“Yo necesito saber el motivo de que mi hijo termine sin vida”, expresa.
Por una “Ley Joaquín”
Uno de los motores que le da fuerzas para seguir a la familia de Joaquín Sperani es que se trate una ley que contemple penas para menores que haya cometido hechos aberrantes como el que les toca padecer.
“Hablamos con diputados del partido de Javier Milei, con la diputada cordobesa de Juntos por el Cambio, Soher el Sukaría, y con María Luján Rey, también de Juntos por el Cambio”, dice la mamá.
Y asegura: “El Estado tiene que tomar cartas en el asunto y que los chicos entiendan que sus casos tengan consecuencias. Que el caso de Joaquín sea un ejemplo para que digan: hasta acá podemos llegar y que haya un límite. Abogamos por la Ley Joaquín, vamos a sumarnos a los proyectos de ley que existen para que se puedan aprobar. Sé que es un trabajo que no es de hoy para mañana porque es la sociedad la que se tiene que comprometer para cambiar”.
Y plantea que le dijeron que en la estadística son pocos los casos como los que deben afrontar ellos.
“Así seamos poquitos, somos familias que hemos perdido a nuestros hijos. Y tenemos derecho a una justicia equitativa”, dice y agrega: “En Córdoba no nos dejaban presentar como querellantes y tuvieron que declarar inconstitucional una ley. Nos encontramos con que no podemos tener peritos de parte y que Córdoba no está adherida a la ley nacional de víctimas”.
“¿Por qué yo tengo que aceptar que este chico pueda reinsertarse a la sociedad y los derechos que Joaquín se terminaron porque él dejó de respirar?”, pregunta.
-Si esto que le pasó hubiera sido al revés o si alguno de sus otros hijos afronta un hecho similar pero como agresor, ¿qué pensaría?
-Siempre he criado a mis hijos con derechos que vienen de la mano de obligaciones y de deberes. Una vez que cumplís tus obligaciones vas a tener los derechos que vos quieras. Tienen que entender los jóvenes que hay un límite. Eso le enseñé también a Joaquín que con el bullying que sufría nunca atacó a nadie a pesar de que sabía taekwondo. Él sabía que no debía hacerlo, que podía traer consecuencias. Si yo pude meterle en la cabeza eso a mi hijo, me parece que en eso tiene que trabajar el Estado y los padres en la casa. Hay que decir: pará, no te pases de la raya.
