Pese a la suba de la inflación, el crédito autorizado para ese fin se redujo de $ 91.277 millones a $ 79.277 millones.
Con 280.000 juicios y 80.000 sentencias firmes de jubilados y pensionados de la ANSeS, el Gobierno decidió reducir en $ 12.000 millones la partida del Presupuesto Nacional de este año para el pago de los juicios favorables a los jubilados y pensionados.
Asi lo establece el articulo 10 del DNU 809/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial que disminuye de $ 91.277 millones a $ 79.277 millones el crédito autorizado “destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley Nº 27.260…como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS)……”.
La medida forma parte de un DNU que en 789 planillas reajusta todo el Presupuesto Nacional por el retraso en que quedaron la mayoría de las partidas presupuestarias por la mayor inflación y los nuevos gastos autorizados que se financian con mayor deuda y recortes en otros rubros.
En el caso de la ANSeS hay fuertes incrementos en el gasto por la suba de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales por encima de lo que estaba originalmente presupuestado a fines de 2020 que se financian con mayores recursos por aportes y contribuciones y por este recorte de $ 12.000 millones en la partida de sentencias.
En realidad, la partida nominal para sentencias debió haberse incrementado respecto de lo fijado a fines de 2020, cuando la pauta de inflación era del 29% y ahora se estima que podría concluir en torno del 50%.
A su vez, el proyecto de Presupuesto 2022 prevé destinar una menor cantidad de dinero al pago de esos fallos judiciales. El artículo 33 del proyecto de Presupuesto lo fija en $ 80.086 millones, apenas un 1% más a la partida ajustada de 2021 cuando la previsión oficial considera la inflación oficial para el año próximo del 33%.
Si bien hay menores pagos por los acuerdos de Reparación Histórica, este ajuste en el pago de las sentencias a los jubilados y pensionados de la ANSeS sobresale en el proyecto de Presupuesto porque a junio pasado, el organismo previsional tenía 78.845 expedientes de reajustes de jubilaciones y pensiones con sentencia firme pendientes de ser liquidados.
En tanto, el último Informe al Congreso del entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, -en julio pasado- indicó que el stock de juicios de jubilados en trámite (por movilidad y otros reclamos) era de 268.998. Y el flujo anual de juicios iniciados contra ANSeS desde diciembre de 2019 hasta mayo 2021 era el siguiente: en diciembre 2019 sumaron 2.080; en 2020 son 14.126; en 2021 hasta mayo, 8.037.
A pesar de los pagos de sentencias, en torno del 40.000/45.000 por año, el stock juicios se mantiene desde hace varios años en torno de esas cifras. Es que, si bien la ANSeS está pagando más sentencias, por otro lado ingresan nuevos juicios y quedan firmes nuevas sentencias.
Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes. Pero eso no se cumple porque ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional.
Un reciente fallo de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza determinó que si ANSeS no cumple con el pago a partir del día 121 se deben aplicar intereses por mora que se suman a los intereses compensatorios, como publicó Clarín.
Luego del pico de demandas judiciales que se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema, casos Badaro (2007) por los menores aumentos otorgados entre 2002 y 2006 y Elliff (2009) –que ajustaron la variación de las jubilaciones y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial, desde comienzos de 2018, se agregaron nuevos reclamos.
Entre otros por la aplicación retroactiva del cambio de la movilidad previsional de fines de 2017, los aumentos por decreto de 2020 inferiores a los de la fórmula suspendida y reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas.
