El presidente Alberto Fernández lo anuncia este viernes. Habrá un fondo compensador para subsidiar a los molinos de trigo.
Pese a que la industria aceitera le arrimó al Gobierno un menú de opciones para evitar el fin de una diferencia de aranceles que vive como un crepúsculo para su actividad, el Presidente anunciará este viernes la suba de esas retenciones, junto a una ampliación de precios cuidados y controles al comercio de frutas y verduras, que en un 80% se realiza en negro.
Hasta donde trascendió, el abanico de ideas no es muy amplio ni original. Claro que puede haber sorpresas.
Con el dinero de las retenciones, que suben del 31 al 33% para el aceite y la harina de soja y que a las cotizaciones actuales significan US$ 420 millones, se alimentará un fondo compensador para subsidiar el trigo a los molinos.
Ese fondo estará a cargo del secretario de Comercio, Roberto Feletti.
En cuanto a las frutas y las verduras, también crearán un fondo estatal para impulsar la fiscalización y el blanqueo.
La medida, según se conjeturaba este jueves, arrancará en el Mercado Central, que es el ente concentrador de ese comercio manejado en forma tripartita por la Provincia, la Ciudad y el Gobierno nacional.
En cuanto a la suba de las retenciones que se aplicarán sobre el 25% del total de las exportaciones del país, ya generó reacción.
La medida impulsó a las entidades del campo a dar luz verde a los productores para asambleas sin cortes de ruta en el interior.
Este viernes vuelven a la carga los autoconvocados en San Pedro, un acto llamado a convertirse en una caja de resonancia.
Todo se da en un marco en el que el Gobierno, entre el 15 de febrero y este jueves, por los mayores precios de los granos se benefició con un ingreso extra por retenciones de US$ 1.300 millones.
Los aceiteros, con tal de impedir la suba de retenciones, que disminuye su poder de compra del poroto de soja y que a los productores le significará recibir US$ 16 menos por tonelada, propusieron anticipar el pago de ese impuesto. Sería por un año.
La idea entusiasmó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a tal punto que la llevó a la Casa Rosada. No lo escucharon.
Para los empresarios consultados por Clarín, esta artillería tiene sabor a poco frente a un fenómeno como el de la inflación que también se alimenta del componente importado.
Tampoco hay demasiada expectativa con la mesa chica que convocó Alberto Fernández (de manera informal hasta este jueves) al titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y a los jefes de la CGT.
En la visión empresaria, fue más un gesto de acercamiento tras la firma del nuevo salario mínimo que contempla 45% de aumento, cuando la CGT pretendía mucho más y los industriales se habían impuesto como techo un 42%.
Marcelo Fernández de la CGE, un empresario afín al oficialismo, asegura que “no alcanza ningún esfuerzo en términos de salario frente a la suba de los precios. “La gente gasta casi todo en comer y en pagar los impuestos”, confiesa a este diario.
En la Copal, que aglutina a las alimenticias, hablan de un escenario complejo, con un aumento global de los alimentos que la FAO de Naciones Unidas sitúa en 3,5% desde que se desató la invasión rusa a Ucrania. Eso sí, destacan que hay un clima de diálogo con las empresas.
Un ejemplo, el próximo martes Funes de Rioja recibirá con un almuerzo al gobernador Axel Kicillof.
Entre tanto las empresas se preparan para otra guerra.
Los componentes importados de la industria química y petroquímica no tienen precio y siguen los problemas de logística.
Y hay temor que la reactivación se desinfle al compás de un excesivo precio del gas.
Las industrias, que se ven venir los cortes en este invierno, ya están armando esquemas de bancos de hora para licenciar empleados que cuando se vayan los fríos puedan devolver las horas no trabajadas.
