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El Gobierno solicitó una audiencia para poder apelar sin pagar los US$ 16.000 millones.
El Gobierno solicitó una conferencia con la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para evitar el pago de un depósito de garantía y apelar el fallo por la expropiación de YPF. El reclamo fue presentado faltando pocos días para el posible inicio de los embargos previsto para el 16 de octubre, tal como lo solicitó Burford Capital tras el fallo que ordena pagarle US$ 16.100 millones.
En un escrito de tres páginas, la defensa a cargo del estudio Sullivan & Cromwell pidió acceder a una instancia para “suspender la ejecución de la sentencia sin fianza pendiente de apelación” y argumentó que debido al tamaño “sin precedentes” de la sentencia, el tribunal pondría en marcha embargos que serán “difíciles o imposibles” de deshacer si Argentina prevale en la apelación.
El fondo Burford, que compró los derechos del juicio a los accionistas minoritarios Grupo Petersen y Eton Park, le pidió hace pocas semanas a la magistrada que inicie el embargo 30 días después del fallo del 15 de septiembre pasado en el que Preska determinó la indemnización que deberá pagar el Estado por incumplir los estatutos de YPF al tomar el control de la empresa en 2012.
Para evitar la retención de bienes en el exterior -cuyo plazo por regla habitual suelen ser 30 días después del fallo-, Argentina debería pagar un bono por el total de la indemnización hasta que se defina la apelación, pero el Gobierno busca suspender la medida en una comunicación entre las partes que ahora debería convocar la jueza de Nueva York en forma inminente para definir los próximos pasos.
“En la conferencia, ambas partes van a exponer argumentos a favor y en contra del bono de garantía y Preska va a definir si Argentina paga el bono de garantía o si está exento. Es probable que pida una suma de buena voluntad, ella sabe que no existe un Estado o una empresa que pueda depositar ese monto nunca visto en EE.UU, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.
El Gobierno tiene dos alternativas para efectuar la garantía: depositar activos por el equivalente a los US$ 16.100 millones o que las compañías emisoras de bonos de garantía emitan títulos por ese monto y que la Argentina los compre. Pero la defensa reiteró que el Estado no está en condiciones de pagar semejante fianza y pidió que la eximan de afrontar ese costo.
Uno de los argumentos oficiales es que si la fianza se aproxima al monto de la sentencia representa el 20% del presupuesto anual de la Argentina. El otro es que “los límites de suscripción combinados de las 212 compañías de fianzas autorizadas en Nueva York es de aproximadamente 30.400 millones de dólares”, por lo que el fallo es más de la mitad del límite total del mercado.
En su presentación, la defensa recurrió a la opinión de dos integrantes del Ministerio de Economía, que encabeza el candidato presidencial Sergio Massa. Su secretario de Hacienda, Raúl Rigo, explicó que existe un obstáculo legal para obtener un bono o pagar la sentencia, ya que “la Ley Argentina impide realizar desembolsos que no hayan sido presupuestados para el corriente año fiscal”.
Y aún si fuera posible legalmente, Rigo sostuvo que no hay “fuentes de financiación para financiar” una cantidad cercana a la sentencia “en este año fiscal”. En medio de las tensiones cambiarias, Argentina citó la última auditoría del FMI, en la que el organismo estimó que “el Banco Central de la República tiene casi 10.000 millones de dólares negativos en reservas internacionales netas”.
Por otra parte, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, aseguró que Argentina “actualmente no tiene capacidad para emitir deuda pública en los mercados internacionales de capitales” y tiene una calificación CCC- (negativa) de Standard & Poor’s, a la vez que no puede financiarse en su mercado local por la magnitud requerida para pagar el importe de la sentencia.
Por último, la defensa advirtió que el pago de la fianza impondría un daño “grave e irreversible” a una población que “ya padece una elevada inflación y las consecuencias de una sequía “sin precedentes”. Y que la sentencia representa “más de 14 veces el presupuesto anual para agua potable y más de 9 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud”.
