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Hay entre 1.200 y 1.500 agentes que trabajan encubiertos entre las bandas.
Encubiertos, infiltrados entre las bandas y desplegados sobre las zonas más conflictivas de la Provincia, un ejército de entre 1.200 y 1.400 agentes integran el “grupo operativo” de policías bonaerenses que deberían detectar, desarmar y procurar la detención de vendedores, productores y organizadores del comercio de estupefacientes.
Forman parte de las “brigadas anti narcóticos”.
Esa es la estructura que exhibe la Bonaerense en el área “Policía de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas”. Allí reportaban los seis oficiales –entre ellos un comisario- que terminaron detenidos por cobrarle coimas a la líder de una banda narco de la zona de Florencio Varela.
El caso detectado en el sur del Gran Buenos Aires no es la excepción. Los agentes que operan en las “Delegaciones de Narcotráfico” caminan por los límites. “Se tienen que camuflar para integrar bandas. Ven y conocen todos los manejos, sobre todo las fortunas. Es una tarea “border””, describe a Clarín un jefe policial de La Plata.
En Varela quedó al descubierto una maniobra soez: los agentes cobraban 200 mil por semana a una vendedora de drogas de la zona conocida como “La Gorda Paola” para protegerla y para desplazar del barrio a otros vendedores.
La investigación comenzó cuando –por una causa investigada por la Policía Federal- la detuvieron y “pidió explicaciones”, sobre el arresto porque –argumentó- ella había pagado por “protección”.
Como en las series y en la ficción, los sabuesos de la bonaerense se camuflan entre los “transas” y en las bandas. A veces confunden los roles. Por eso asoman estos casos como el de la “Gorda Paola”.
Antecedentes
En agosto de este año, dos policías de alto rango de la Policía provincial y de Federal, que habían sido designados para combatir el narcotráfico, quedaron detenidos por de venderle droga a bandas criminales. Hubo varios allanamientos, donde personal de Gendarmería arrestó al comisario de la DDI de Lomas de Zamora, Daniel Aste, y al sargento primero de la Policía Federal, Alberto Mosqueda. Están sospechados de quedarse con drogas durante falsos allanamientos y de venderlas luego a organizaciones narco.
El jefe bonaerense cayó en Mar del Tuyú, quien era responsable de la Delegación Departamental de Drogas ilícitas de Dolores. Había llegado a esa repartición en marzo del 2022.
Unos meses antes, en abril de 2022, un capitán y otros ocho funcionarios de la bonaerense fueron detenidos en una investigación que comenzó después del crimen de un hombre relacionado al tráfico. Pertenecían a la comisaría de Francisco Álvarez y al gabinete de Drogas Ilícitas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno. La Justicia sospechaba que se habrían apoderado de un cargamento de cocaína que había sido secuestrada en un operativo realizado tras el crimen de un narco.
En esta organización de policías había una mujer. La oficial Gabriela Noemi Ibarra, jefa del Gabinete de Investigación anti-drogas de la DDI y la hija del comisario jubilado de esa fuerza, Alberto Daniel Ibarra, hasta entonces subsecretario de Seguridad del Municipio de General Rodríguez. Renunció después del escándalo.
En febrero de 2022 se conocieron detalles del funcionamiento de una banda que operaba en las villas Loyola, Lanzone, Sarmiento y Escalada, de la zona de San Martín y Tres de Febrero.
La Justicia Federal describió que en la investigación se pudo constatar “la intervención de funcionarios policiales en el quehacer delictivo de la banda. Se trató de una colaboración fundamental para el desarrollo de los actos de narcotráfico en la medida que, por su intermedio, se garantizaba la impunidad de sus miembros”.
O sea, algo parecido a lo que ocurría en Florencio Varela.
“No constituyen la norma”
“Tampoco esas situaciones constituyen la norma”, se defiende un funcionario cercano al ministro de Seguridad, Sergio Berni. “Hay 107 mil hombres y mujeres en la fuerza. Hacen tareas en la calle, en las oficinas, en dependencias técnicas o científicas. Cuando aparecen estas situaciones ponemos todos los recursos en manos de la Justicia, como es el caso de la comisaría de Varela”, aclararon.
La Superintendencia de Policía de Investigaciones de Drogas Ilícitas está a cargo del comisario general, Rodrigo Rodríguez. Conduce 25 delegaciones en todo el territorio. Hay una en cada Jefatura departamental (son 19). Y “refuerzos” en ciudades donde el área de análisis criminológico considera necesario poner más trabajo de campo. Además, de acuerdo con variables como crecimiento poblacional o de causas de narcotráfico se habilitan subdelegaciones locales, con un puñado de policías.
Los agentes que reportan se capacitan en Gendarmería, Policía Federal o en el instituto de la Bonaerense. “Es el área de investigaciones con menos personal. Muchos prefieren no ingresar porque saben que es un lugar turbio”, reconoce un ex comisario retirado hace dos años.
El uniforme está excluido de la vestimenta de los “de narcóticos”, como se los conoce en la fuerza. “Para conocer y desmantelar una estructura de venta se tienen que meter, tienen que vender, tienen que comprar. Y no podés ir a un bunker vestido de policía”, describen en el Ministerio.
“Trabajan siempre al límite. Quedan muy cerca de mancharse las botas con barro. Cuando entran en contacto tan cercano con los jefes de organizaciones de estas características, es muy fácil pasar al otro lado”, reconoce el comisario retirado.
Siempre hay una tarea útil que puede realizar un policía desleal en una organización delictiva. Los narcos conocen esa regla. Y tienen con qué pagar.
La Plata. Corresponsalía
PS
