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Condenado a 24 años de prisión, fue expulsado de Argentina en 2022.
-¿Señor Marcos Estrada?
-Sí, señora.
-Buenos días, lo saluda la doctora Carolina Díaz.
El diálogo, por demás cordial, ocurrió a las 2.17 de la madrugada del pasado martes 19 de septiembre en un lujoso piso del distrito de Surco, una pujante zona inmobiliaria ubicada al suroeste de Lima, Perú.
Sólo las imágenes de video -a las que accedió Clarín– muestran que la charla (si es que puede llamarse así) se produjo en un momento muy tenso.
Rodado de policías -con uniformes de fajina y armados para la guerra- en calzoncillos, medio dormido, descalzo y con sus manos esposadas a su espalda, Marco Antonio Estrada Gonzáles (60) -dueño absoluto de la venta de drogas en el Bajo Flores de Buenos Aires durante 25 años- escucha resignado cómo una funcionaria de la fiscalía antilavado peruana le lee los cargos en su contra.
“Se está procediendo a su detención preliminar por el término de 10 días por motivo de la investigación de lavado de activos“, le dice la funcionaria y “Marcos” la escucha en silencio, resignado. “Se lo acusa de ser integrante de la organización dedicada al lavado de activos liderada por su hermano Fernando Estrada Gonzáles“, agrega Carolina Díaz.
Condenado a 24 años de prisión en octubre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, por un tribunal federal argentino, y expulsado a Perú el 22 de junio de 2022, Marco Estrada Gonzáles (alias “Marcos”) vivía en un piso de 130 metros cuadrados, tres habitaciones, terraza y pileta.
Cuando la Policía Nacional de Perú irrumpió en el lugar por orden del primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, “Marcos” estaba solo. Es que su esposa y madre de sus hijos, Silvana Salazar, no consiguió viajar con él a Perú ya que, al ser argentina, no puede acogerse al régimen de “extrañamiento”.
Luego de ser condenada a 18 años de prisión en el mismo juicio de su marido, Silvana sí logró la excarcelación el pasado el 28 de julio. Dejó el penal de Ezeiza luego de jurar que va a cumplir con algunas condiciones: no salir del país, no acercarse a la villa 1-11-14, usar una tobillera electrónica y conseguir un trabajo.
“En Argentina, ‘Marcos’ tuvo una causa por lavado de activos, pero terminó cerrada porque no había pruebas. Lo que está pasando en Perú es tremendo: como la causa apunta a una supuesta ‘organización criminal’, lo detuvieron preventivamente por 10 días. El Código Procesal peruano lo permite en el periodo de investigación. Es decir, lo detienen para juntar pruebas”, explicó a Clarín Laura Fechino, histórica abogada de “Marcos” en la Argentina.
Según Fechino, la situación de “Marcos” debe resolverse esta semana sí o sí. En el mismo expediente de lavado -bautizado por la Policía peruana como “Operativo Gaucho”-, también cayeron dos de sus sobrinos, hijos de Fernando “Piti” Estrada Gonzáles (57): Johana Alexandra Estrada Reyes (36) y Jonathan Fernando Estrada Reyes (39).
“Piti”, quien estuvo prófugo de la Justicia argentina durante 13 años- todos ellos viviendo en Lima sin mayor problema-, decidió entregarse en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) argentina en abril pasado. Lo hizo con la idea de lograr que se declare prescripta la acusación en su contra por liderar una banda narco.
En Lima, “Piti” dejó a parte de su familia y también una causa antigua de lavado de dinero del narcotráfico en la que se lo acusa de ser líder de la organización y en la que -de rebote o no- cayó ahora su hermano mayor.
La funcionaria, que en el video de la detención le lee sus derechos a “Marcos” Estrada Gonzales, lo deja clarito: el lavado imputado por Perú se habría instrumentado con el dinero de la venta de drogas en el asentamiento 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires.
La historia de “Marcos”
Para Marco Antonio Estrada Gonzáles, la condena de octubre de 2020 no fue la primera, pero sí la más dura. Una primera investigación iniciada a fines de los ’90 terminó en 2004 con una pena de cuatro años y dos meses de prisión, sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
La calificación de entonces fue “organizador de una asociación ilícita, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de intervinientes y acopio de armas y municiones de guerra“.
Los dos procesos más grandes en su contra por narcotráfico -el primero de los cuales llevó a su pedido de captura internacional y detención en Asunción, Paraguay, en 2007- se cerraron con dos juicios abreviados, de seis años de prisión cada uno. El primero fue en el 2012 y otro en el 2013 y terminaron con una pena única de 10 años de prisión.
“Marcos” fue a la cárcel, pero gracias a una serie de cursos tomados intramuros (finalizó el colegio secundario y estudió “mecánica”) consiguió la libertad condicional en febrero de 2014. Entonces se mudó con su familia al barrio privado La Celia, en Ezeiza, el mismo lugar donde vivía el entonces ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados. Allí fue nuevamente detenido en 2016 por seguir manejando el negocio de la venta de droga en la 1-11-14.
Tras el impacto de la condena a 24 años (en 2020), con la expulsión de Argentina Estrada Gonzales había logrado nuevamente vivir a sus anchas. Seguramente no pensaba que la causa abierta en Lima por lavado de dinero prosperaría o se orientaría hacia él.
“No bien llegó a Perú, a ‘Marcos’ se le notificó la existencia de este expediente abierto para investigar empresas de su hermano y la familia de su hermano. Él dijo que no tenía nada que ver. De hecho, en Perú solo tiene una propiedad, una casa que le donó en vida su madre”, detalló Fechino a Clarín.
En otras palabras, cuando la Policía irrumpió en su propiedad del distrito de Surco, “Marcos” ya sabía de qué trataba la cosa.
Tal vez por eso se lo tomó con calma, contestó todo lo que le preguntaron con tranquilidad y, en el mismo tono pacífico, cerró el cuadro con un modesto: “Por favor, ¿me ayudan a vestir?”.
