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Política

Dos organismos del Gobierno también pidieron que Cristina Kirchner sea sobreseída en la Ruta del Dinero K

Son la UIF y la AFIP controladas por funcionarios K. Salieron a apoyar la sorpresiva solicitud del fiscal Guillermo Marijuan.

El gobierno a través de dos organismos, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) convalidó que Cristina Kirchner sea sobreseída en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. Fue después del sorpresivo pedido del fiscal Guillermo Marijuan ante el juez Sebastián Casanello. En el corto plazo, según pudo saber Clarín, el magistrado sobreseerá a la vicepresidenta que se encuentra imputada por lavado de dinero en este expediente.

Sin objeciones al criterio establecido por el Ministerio Público Fiscal los dos organismos querellantes respaldaron que a la vicepresidenta se le dicte el sobreseimiento en el caso donde Lázaro Báez, su ex socio comercial, fue condenado a diez años de prisión por haber lavado con Austral Construcciones, 55 millones de dólares.

La UIF y la AFIP, ambos organismos del Gobierno, están comandados por funcionarios K. El primero lo comanda Juan Carlos Otero, el segundo Carlos Castagneto.

Este tramo residual de la Ruta del Dinero K se centró en el vínculo entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, “para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”, explicó Marijuan en su dictamen.

Con el análisis del caso, dijo el fiscal, “no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre” la vicepresidenta y el dueño del Grupo Austral. Sin embargo las pruebas reunidas no fueron suficientes para sostener la imputación: una intervención directa, una orden, a Báez para que realice las operaciones de blanqueo.

Después de cinco años el representante del Ministerio Público Fiscal después de una extensa enumeración de argumentos bajo los cuales afirmó no haber podido probar la participación de Cristina en “esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”, solicitó que la vice sea sobreseída.

Frente al dictamen de la fiscalía, el juez Sebastián Casanello pidió la opinión de las querellas representadas por la UIF y la AFIP quienes consideraron que no hay elementos suficientes para sostener la imputación que involucraba a Cristina Kirchner en las maniobras de lavado.

Los dos organismos durante el juicio contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el valijero Leonardo Fariña, el contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, entre otros, pidieron penas elevadas contra los imputados: la UIF solicitó nueve años para el empresario K y ocho años la AFIP. Estos alegatos se escucharon en 2020 bajo la actual gestión.

Sin embargo en este tramo del expediente, le dieron la razón al fiscal Marijuan y pidieron el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Los “vínculos estrechos”

La Ruta del Dinero K tiene como elemento central a Austral Construcciones, adjudicataria del 86% de los contratos viales licitados en Santa Cruz, que según la condena en la que derivó el juicio contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad, estuvieron plagados de irregularidades: direccionamiento de los concursos, falta de controles, obras inconclusas, sobreprecios promedio del 65%, circuitos exclusivos para percibir fondos por obras que no avanzaban, entre otros.

Es justamente una porción de esos fondos irregulares que, según el Tribunal que condenó a Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, se volcaron a las operaciones de lavado.

La ventana de tiempo que se investigó fue 2010-2013 período en el que, a través de la constructora que tenía como único cliente al Estado Nacional, lavó 55 millones de dólares Sucede que en simultáneo, celebró varios negocios comerciales con la ex Presidenta: 18 compra-venta de propiedades y terrenos, la administración y explotación de hoteles, contratos de alquiler, un terreno en condominio, contratación de habitaciones de los complejos turísticos, construcción de inmuebles. Son sólo algunos de los negocios que los unen. Además, Báez y su entorno hicieron múltiples visitas a la residencia presidencial de Olivos en esa época.

Al respecto, el fiscal Marijuan indicó ahora que tanto Báez como la vice fueron “condenados por actividades ilícitas que los han tenido como responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En su dictamen, ahora convalidado por la AFIP y la UIF, se especificaron los múltiples negocios comerciales que vinculan a Cristina Kirchner con Báez, que muestran “la entrañable cercanía, vínculo y amistad” entre ambos, sostiene el fiscal.

En el desarrollo del análisis de ese vínculo, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo: “Y si lo expuesto no alcanzara para entenderlo tenemos que la reciente prueba incorporada a esta causa respecto en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Elisabet Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un periodo de poco más de dos años”.

Pero nada de ello fue suficiente para determinar la intervención directa de la vicepresidenta en la estructura de blanqueo.

Como contó Clarín, pese a este pedido de sobreseimiento que se concretará por parte del juzgado en los próximos días, Cristina Kirchner seguirá siendo investigada por lavado de dinero junto a Báez en otra causa donde se investiga el cuantioso patrimonio del dueño del Grupo Austral.

Entre 2010 y 2013 Lázaro Báez (mismo período de las maniobras de blanqueo), había declarado ante la AFIP un patrimonio de 66 millones de pesos, sin embargo la justicia determinó que su fortuna era aún mayor: en 2016, la justicia federal le detectó 1.420 bienes muebles e inmuebles, equivalentes entonces a 205 millones de dólares. En este tramo en el que la vice seguirá siendo investigada, se busca determinar si esas propiedades las adquirió a título personal o actuando como testaferro de los Kirchner.

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