Los fiscales habían pedido 15 años. Lo sentenciaron por el delito de “cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado”, pero zafó de “asociación ilícita”.
El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila (74) fue condenado este lunes a seis años de prisión por recibir coimas de narcotraficantes para garantizarles impunidad.
Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por un combinado de magistrados de otras provincias.
Soto Dávila fue encontrado responsable del delito de “cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado“, aunque fue absuelto por el de “asociación ilícita“.
Además, sus secretarios Pablo Molina (51) y Federico Grau (59) recibieron una pena de 5 y 4 años de prisión por “cohecho”, respectivamente, pero también resultaron absueltos por el de “asociación ilícita“.
El abogado Duylio Barboza Galeano recibió una pena de 2 años. Juan Manuel Faraone, ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, y el abogado Tomás Viglione fueron absueltos.
En su descargo, el ex magistrado había proclamado su inocencia al señalar que estuvo “en todas y cada una de las audiencias” del debate y no escuchó ” a un solo empleado del juzgado que cuestione” su accionar, en alusión a la figura organizador de una asociación ilícita dedicada presuntamente a cometer actos de cohecho.
También cuestionó a uno de los narcotraficantes -e imputado- que se presentó como arrepentido, Federico “Morenita” Marín (33), respecto de quien dijo que, “a pesar de que le tendieron un puente de plata, se profugó“.
Criticó, además, que en los alegatos los fiscales compararon su causa con la del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, y en ese sentido aclaró que todos sus bienes los compró antes de ser designado como magistrado.
“Esta causa fue una intervención deliberada” en la jurisdicción correntina por parte del Juzgado Federal 12 de Buenos Aires, en su momento a cargo de Sergio Torres, quien instruyó y elevó a juicio este expediente, acompañado de “presión mediática”, sostuvo.
“Lo que hicieron con esta causa es arruinarme la vida, realmente me arruinaron la vida en base a nada, nunca pensé que me pasaría por ejercer la profesión”, dijo Viglione, quien trabajaba en el estudio de Giménez.
Asimismo, Faraone sostuvo su inocencia al indicar que no mantuvo una reunión con Soto Dávila para mediar alivios procesales en las causas por narcotráfico que complicaban a “Morenita” Marín, quien se encuentra prófugo desde febrero pasado.
El pedido de pena
Los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer, habían pedido que Soto Dávila fuera condenado a 15 años de prisión. Para sus secretarios Molina y Grau, una pena de 12 y 9 años y 6 meses, respectivamente.
Y también, que los abogados Galeano, Gregorio Giménez y Viglione fueran condenados a 8, 7 y 5 años de prisión respectivamente, mientras que para Faraone habían solicitado 2 años y 5 meses de prisión efectiva.
En esta causa arribaron a acuerdos de penas en juicios abreviados los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial, al igual que contrabandistas de marihuana Carlos “Cachito” Bareiro (42), “Morenita” Marín y Pablo Torres.
La causa Itatí
Durante el alegato fiscal, se sostuvo que los acusados formaban parte “de una asociación ilícita que tenía como finalidad principal la de brindar cobertura judicial para el desarrollo de las actividades de la organización narco criminal liderada por Federico Sebastián Marín y Carlos Bareiro”.
Hasta este veredicto, en las diferentes etapas de la megacausa Itatí, hubo 116 condenas. Se dictaron en cuatro juicios orales diferentes y muchas de ellas fueron bajo la figura de juicio abreviado. La fiscalía calcula que la organización movió al menos 18 toneladas de marihuana paraguaya.
“Esa connivencia del entonces juez federal Soto Dávila y sus dos secretarios, Grau y Molina, consistió en evitar avanzar en las investigaciones a su cargo vinculadas a operaciones de esa organización criminal de modo tal de no comprometer judicialmente a sus lideres (Marín y Bareiro), como también mejorar la situación procesal de aquellos miembros que por el accionar preventivo de las agencias de seguridad fueran apresados, otorgando libertades contrarias a derecho”, sostuvo la fiscalía desde el minuto uno.
Tantos jueces se excusaron de intervenir en el proceso contra Soto Dávila que el tribunal quedó integrado por un paisano de cada pueblo: Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones).
Para que quede claro la gravedad de lo que se debatió en este juicio, los fiscales cerraron con una reflexión: “No se puede combatir el narcotráfico si no terminamos y combatimos la corrupción, menos aun si esa corrupción está enquistada en el Poder Judicial que debe sancionar las conductas delictivas que ponen en riesgo la salud y la seguridad de las personas”.
