A 11 días de dejar el poder, Mauricio Macri creó una Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados

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Lo hizo por decreto. El nuevo organismo será autárquico, por lo que no dependerá de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el Ministerio de Justicia.

A 11 días de dejar el poder, el gobierno de Mauricio Macri creó -a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU)- la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, un ente autárquico que no dependerá directamente de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el Ministerio de Justicia.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, eleva el rango del antiguo Programa de Protección a Testigos. El nuevo organismo será presidido por un director nacional propuesto por el Ministerio de Justicia y elegido por el Poder Ejecutivo Nacional, y contará con un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, un representante de la Procuración General de la Nación y un integrante del Ministerio de Seguridad.

“Se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente”, apunta el decreto en sus considerandos.

El objetivo de la Agencia será garantizar la seguridad de quienes colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.

El Programa de Testigos e Imputados Protegidos cuenta con 236 personas bajo este régimen. La mayoría de ellos pidieron ingresar después de colaborar en causas de narcotráfico y trata de personas. La menor cantidad responde a las investigaciones de corrupción como Ciccone o la causa de los cuadernos: allí el número asciende a 15.

Esa reducida lista incluye algunos nombres de alto impacto mediático, como Alejandro Vandenbroele, quien dio testimonio en el expediente de la compra venta de la ex Calcográfica Ciccone, y su ex esposa Laura Muñoz, cuyo relato desató el escándalo que llevó a Amado Boudou a una condena de 5 años y 10 meses por corrupción. También está José López, el ex secretario de Obras Públicos que arrojó los bolsos con US$ 9 millones en el convento de General Rodríguez, y el chofer Oscar Centeno, autor de “los cuadernos de las coimas”.

Varios de estos arrepentidos que complicaron a ex funcionarios del kirchnerismo expresaron inquietudes y temores ante la asunción del próximo gobierno.

De hecho, Leonardo Fariña renunció la semana pasada al Programa de Protección de Testigos, aunque seguirá como imputado colaborador.

El ex valijero que había denunciado parte en una estructura de lavado de dinero que involucraba a Lázaro Báez, planteó que no quiere ser “cuidado por el próximo gobierno”. Entre otras cosas, señaló que tiene “conflicto de intereses” con la gestión que asumirá el 10 de diciembre por el contenido de sus confesiones.

Entre otras responsabilidades, el nuevo ente creado por Macri deberá ordenar y hacer cumplir ciertas “medidas especiales de protección”, las cuales podrán incluir desde la custodia personal hasta el cambio de domicilio y la entrega de una identidad falsa para las personas que ayuden en determinadas investigaciones.

El documento fue firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Oscar Aguad (Defensa), Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social), Guillermo Dietrich (Transporte), Alejandro Finocchiaro (Educación), Dante Sica (Producción y Trabajo) y Hernán Lacunza (Hacienda); el secretario Luis Miguel Etchevehere (Agricultura, Ganadería y Pesca), y el canciller, Jorge Faurie.

El DNU, en el Boletín Oficial

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