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La resolución se conoció este miércoles a través del Boletín Oficial.
El Gobierno de Javier Milei derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 que promulgó la gestión de Alberto Fernández en 2020, donde se declaraba como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía y la televisión por cable.
Lo hizo a través de otro decreto, el 302/2024, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde puso fin a la regulación de los precios del mercado a través del Enacom, que también establecía los aumentos.
“El presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”, establece la normativa.
Durante la pandemia de Covid-19 y la cuarentena decretada por el gobierno de Alberto Fernández, que generó el home office y las clases a distancia, los servicios de Internet, telefonía y cable fueron declarado como esenciales y era el Ente Nacional de Comunicaciones el que establecía los aumentos tarifarios de las empresas prestadoras.
Ahora, los licenciatarios de servicios TIC podrán establecer sus tarifas. El objetivo es fomentar la competencia y también generar inversiones para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.
“Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”, agrega el decreto.
El decreto lleva la firma del presidente Milei, los ocho ministros nacionales y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Desde la Casa Rosada estiman que la decisión no producirá un incremento de tarifas, debido a que las prestadoras lograron actualizar sus precios a través de medidas cautelares obtenidas en la Justicia.
En febrero, el rubro Comunicaciones registró una suba del 24,7% mensual, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec.
Mientras que en enero, la variación fue del 25,1%; en diciembre, del 15,6%; en noviembre las tarifas se incrementaron un 15,2% promedio; y en octubre, 12,6%.
“En cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”, señala el decreto.
La desregulación del mercado de telecomunicaciones se produce en medio del cruce entre el Ejecutivo y las empresas de medicina prepagas, señadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, por haber aumentado fuertemente su cuota durante los últimos meses.
